Fortalecen mecanismos precautelares en la investigación del crimen organizado

La Asamblea Nacional aprobó la Reforma a la Ley 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados, que fortalece los mecanismos precautelares en la investigación relacionados a este delito y asegura los activos vinculados con la intermediación financiera realizadas por las entidades bancarias, supervisadas por la Superintendencia de Bancos y de otras Instituciones Financieras, Siboif.

La Reforma a la Ley 735, aprobada de manera unánime, permitirá afinar los procedimientos de investigación y persecución para delitos tales como lavado de dinero, fabricación y tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas, delitos contra el sistema bancario y financiero del país, tráfico de armas, tratas de personas con fines de explotación sexual, trata de personas con fines de esclavitud, entre otros delitos del crimen organizado.

El diputado Carlos Emilio López, de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, ejemplificó que si una persona natural o jurídica ha participado en uno de los delitos mencionados y ha dejado en garantía bienes que están relacionados al crimen organizado, entonces las instituciones financieras o bancarias podrán recuperar el crédito que había sido otorgado.  Es decir que se pagará al Sistema Financiero el crédito con los bienes incautados y el remanente quedará en poder del Estado.

“De esta manera se guarda el equilibrio entre proteger el Sistema Financiero privado y a la vez proteger los intereses del Estado, y sobre todo se protegen los intereses de los ahorrantes, y del público que hace uso del crédito”, expresó el Diputado sandinista al enfatizar que con esta ley Nicaragua se mantiene como un país seguro.

Aprueban Moción de la Bancada FSLN sobre clientes y usuarios del SFN

El presidente de la Bancada Alianza FSLN, diputado Edwin Castro, sometió a plenario la moción adicional en la que establece que todas las instituciones financieras deberán aplicar medidas de debida diligencia para el conocimiento de sus clientes y usuarios con quienes establezcan relaciones comerciales. Asimismo deben mantener a disposición de la autoridad competente y por un plazo mínimo de 5 años todos los registros de las transacciones y la información obtenida mediante la aplicación de esta debida diligencia y deben enviar reportes de operaciones sospechosas a la autoridad competente cuando la institución financiera así lo determine producto del monitoreo de estas relaciones comerciales.

Sobre esta última moción de la bancada sandinista, la diputada María Auxiliadora Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, dijo que son recomendaciones que se les hace al Sistema Financiero Nacional para que tengan cuidado con sus cliente a tener mayor precaución en el análisis de los bienes que van a ser dados en garantía a los bancos.

Finalmente sostuvo que la Ley tiene un impacto favorable tanto para los ahorrantes como para el Sistema Financiero Nacional, porque viene a dar mayor seguridad jurídica y protección a estos. Y añadió que la reforma establece los mecanismos que van a hacer uso los bancos para la recuperación de bienes o propiedades que se incautan por delitos organizados y que están prendadas o hipotecadas.

Por María Elena Palacios.