Dictamen favorable al decreto de adhesión de Nicaragua al convenio iberoamericano para el uso de videoconferencia entre sistemas de justicia

La Comisión de Asuntos Exteriores en conjunto con la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, dictaminaron favorablemente y de manera unánime la iniciativa de Decreto para adherir a Nicaragua al convenio iberoamericano sobre el uso de la videoconferencia en la cooperación internacional entre sistemas de justicia, cuyo dictamen fue remitido a Primera Secretaría para su aprobación la próxima semana.

La diputada Iris Montenegro, presidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores, expresó que la Iniciativa tiene como propósito agilizar de manera eficiente y eficaz los procesos tanto en el ámbito civil, penal y comercial que tanga vínculos con los procesos judiciales.

El dictamen fue firmado por ambas comisiones luego de consultar a representantes de la Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio Público, Procuraduría General de la República y la Policía Nacional, quienes aprobaron la iniciativa y emitieron sus aportes.

El magistrado Marvin Aguilar, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, dijo que las videoconferencia es un sistema interactivo que permite a usuarios de la administración de Justicia Penal, testigo, perito, víctima y acusado, mantener una reunión virtual por medio de la transmisión en tiempo real de videos, sonidos y datos a través de internet para la realización de actuaciones procesales.

La representación del Poder Judicial también sugirió que el uso de videoconferencias en los sistemas de justicia en Iberoamérica sea ampliado a todas las áreas del derecho penal, civil, laboral, familia, para fortalecer la cooperación internacional y garantizar que no exista la impunidad internacional del delito de carácter transnacional.

Agregó que el uso de videoconferencias en todos los sistemas judiciales permitirá que las víctimas puedan encontrar justicia, para que no exista impunidad internacional en ningún tipo de delito, ni en asuntos de demanda de alimentos, ni en materia civil.

El magistrado Aguilar dejó en claro que el uso de la videoconferencia no violenta ningún principio constitucional, ni las normas y que es factible para la modernización del derecho y para garantía de las víctimas.