Después de dos días de extenuantes consultas sobre la iniciativa de Ley de Reforma a la Ley Electoral, la Comisión Especial Constitucional, creada para su estudio y dictamen, concluyó este cinco de mayo este proceso con la participación de ocho partidos políticos y representantes de organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil.

Cada sector consultado presentó por escrito y verbalmente sus observaciones al proyecto de ley. El representante del Partido Liberal Independiente (PLI), Indalecio Rodríguez, consideró que esta reforma debe ser integral, en la cual se garantice la imparcialidad de quienes estén a cargo del proceso electoral. En este sentido, propuso que era necesaria la inclusión de la observación internacional y nacional en la ley, con el propósito de evitar discusiones sobre el tema y evitar que se resuelva según la decisión personal de algún magistrado.

Depuración de Padrón Electoral

Otros de los aportes de los distintos representantes se orientaron a la forma de depuración del Padrón Electoral propuesta en esta reforma.

El titular del PLI consideró que se requiere trasparentar los casos de cédula de personas que no existen y eliminarlas del Padrón Electoral, en lugar de los ciudadanos que no hayan votado en las dos últimas elecciones, tal vez “por razones de enfermedad” o “ausencia del país”.

Roberto Courtney, representante de Ética y Transparencia, organismo integrante del Grupo Promotor de las Reformas Electorales, señaló que la forma de depuración propuesta en la reforma debería aplicarse a los ciudadanos que no voten a partir de la próxima elección. De lo contrario, si se cuenta desde las dos elecciones anteriores a la del 2012, se eliminaría a cerca de un millón de electores para los próximos comicios y eso generaría una controversia que no es la que se propone en la iniciativa presentada por el Poder Ejecutiva.

Por su parte, Mauricio Castillo, Secretario Nacional del Partido Alianza por la República (APRE), expresó sobre este tema que una mejor forma de depuración sería la verificación como se hizo en años anteriores, en que el Consejo Supremo Electoral entregaba un documento de verificación. De esta manera, el ciudadano que no aparezca en el padrón pueda votar, ya que en la reforma se prohíbe votar con testigo.

La creación de un órgano independiente encargado del proceso de cedulación fue otro de los planteamientos del representante del PLI.

Indalecio Rodríguez, estimó que se requiere crear un Instituto de Cedulación apartidario que actúe de manera permanente y no sólo para procesos electorales, con el fin de que los resultados electorales no sean perjudicados.

Partidos Políticos incluyentes

En el proyecto de Ley de Reforma a la Ley Electoral se sugiere que los partidos políticos o alianzas de partidos que participan en las elecciones presenten el 50% de hombres y 50% de mujeres en sus listas de candidatos para elecciones, tanto municipales como de diputados ante la Asamblea Nacional y el Parlamento Centroamericano.

Raití Juárez, representante de la Alianza Juvenil Nicaragüense, explicó en torno a este artículo que solicitaron se incorporara el 25% de hombres y el 25% de mujeres jóvenes, para garantizar la democracia representativa y participativa.

De igual forma, David López, Presidente de la FECONORI, sugirió sobre este tema que se amplíe y refuerce la institucionalidad de los partidos políticos, incluyendo la representación de distintos sectores que conforman la población: jóvenes, gente de las comarcas, casco urbano y comunidades étnicas y personas con discapacidad.

También agregó tres aspectos orientados a que: en los locales donde funcionen los Centros de Votación tengan condiciones de accesibilidad, en el material publicitario audiovisual se incluya el recuadro del intérprete de lenguaje de señas para las personas sordas y facilitar plantillas en braile, para que los no videntes ejerzan su derecho al voto autónomamente.

Acreditación de Fiscales

 Otro de los artículos que se reformaría según el proyecto de ley es el 23, referido a los Centros de Votación y las Juntas Receptoras de Votos (JRV).

Al respecto, Alejandro Bolaños Davis, Representante del Partido Conservador (PC), afirmó que debe aclararse el papel de los Centros de Votación y permitir a  fiscales de los partidos políticos en estos recintos y estructuras electorales.

El diputado Eliseo Núñez, miembro de la Comisión Especial Constiucional, valoró que el proyecto de ley “se puede mejorar bastante” mediante mociones al artículo 28, en relación a los fiscales, y los artículos vinculados con la cedulación, la depuración del padrón y el CV. En este sentido, analizó que se creen a los CV como centros jurisdiccionales y se abandone la JRV, es decir, que el CV se transformaría en lo que actualmente es la JRV y éstas se llamarían mesas o urnas electorales. Según el parlamentario esto simplificaría el sistema de votación, pues existiría una fila única en el CV y varias ventanillas de acuerdo a la cantidad de electores.

En cuanto, al tema de los fiscales, recomendó que sean los partidos políticos los que acrediten a sus fiscales, los presenten ante el Consejo Supremo Electoral y éste se encargaría de validar su existencia, confirmar su nacionalidad nicaragüense y sellar la credencial como signo de admisibilidad en la JRV.

Por otro lado, el PC sugiere que en el numeral 2) del artículo 65 de la ley se prohíba el uso de cualquier parte de los nombres de los partidos políticos existentes, para que no haya confusión ni problema entre los partidos.

A la vez, requieren que se prohíba en el artículo 123 la expulsión de cualquier fiscal del partido durante el escrutinio de los votos.

También fue temas de debate el incremento de los concejales de acuerdo a la cantidad de habitantes de cada municipio, propuesto en la reforma para modificar el artículo 156 de la Ley Electoral.

Aumento de Concejales

El representante Partido Conservador dijo que ven “con buenos ojos que se aumente el número de concejales en los municipios más pequeños”, pues esto permitiría la participación de los partidos más pequeños. Sin embargo, en los municipios con más de 100 mil habitantes debería establecerse un límite de 25 concejales, a excepción de Managua que debería tener 50.

Carlos García, Alianza Liberal Nicaragüense, valoró que duplicar el actual número de concejales solucionaría esta situación, aunque en la reforma se disponga que las dietas de estos concejales se distribuyeran con el mismo monto, se generarían gastos extras, en cuanto a mejorar las condiciones de los “locales, más refrigerios, más aire acondicionado, más asesores”.

Mauricio Castillo del APRE, también cree que se deben aumentar los concejales, pero con el doble de la cantidad actual es suficiente, por ejemplo, a cada concejal de Managua le correspondería atender alrededor de 37 mil habitantes.

En los dos días de consulta, la comisión especial convocó a representantes: del Consejo Nacional de Universidades, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Grupo Promotor de las Reformas Electorales, Coordinadora Social, Alianza Juvenil Nicaragüense y 20 partidos políticos para presentar sus consideraciones al proyecto de Ley de Reforma a la Ley Electoral, 11 de estas organizaciones políticas fueron invitadas para comparecer este cinco de mayo.

La diputada Alba Palacios, Presidenta de la Comisión Especial Constitucional para el Estudio y Dictamen de la Ley de Reforma a la Ley Electoral, detalló que los convocados para el 5 de mayo fueron: PLI, PAC, PAMUC, PC, ALN, APRE, PUCA, PLC y PALI, pero no comparecieron los tres últimos, dejando sin embargo, abierta la posibilidad de recibir sus aportes por escrito si los envían. Además estimó que pretenden presentar un dictamen este lunes 7 de mayo.

El artículo 192 de la Constitución Política fija un plazo no mayor de sesenta días para que la comisión especial emita el dictamen de una iniciativa de reforma a una ley constitucional, tal como la Ley Electoral.

Por último, la titular de la comisión señaló que las propuestas de algunos partidos políticos y el Grupo Promotor de las Reformas Electorales fueron recibidas, pero aquellas que no se relacionan con el articulado modificado mediante la iniciativa de ley de reforma, presentada por la Presidencia de la República, no podrán ser consideradas, pues la Constitución Política impide hacer cambios que no están contemplados en los proyectos de leyes que se encuentran en proceso de consulta.