Asamblea Nacional aprueba Ley de Regulación de Agentes Extranjeros

Con la votación mayoritaria de la Bancada Sandinista, la Asamblea Nacional aprobó hoy la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros que establece un marco jurídico de regulación a las personas naturales o jurídicas que respondan a intereses y financiamiento extranjero, para que dichos recursos no sean utilizados en actos que deriven en injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua y ponga en riesgo la seguridad de la nación.

Durante el debate de la Iniciativa de Ley, los diputados de la Bancada del FSLN dejaron en claro los principios constitucionales que defiende este marco jurídico en materia de soberanía, independencia y autodeterminación del pueblo nicaragüense.

“Somos un país libre, autónomo e independiente. Y estamos en la obligación de defender cualquier ataque o violación a la soberanía y la independencia, esto es derecho humano. Y esta Iniciativa expresa que toda persona natural o jurídica que represente a gobiernos u organizaciones extranjeras se registre en el Ministerio de Gobernación. Este control y registro existe en muchos países del mundo”, expresó el diputado Filiberto Rodríguez.

De igual manera, la diputada Irma Dávila sostuvo que esta normativa era una materia pendiente con las familias nicaragüenses, “porque la defensa de la soberanía, la independencia y la autodeterminación de Nicaragua son derechos irrenunciables del pueblo”  y señaló que muchos países la tienen por más de 80 años.

Agregó la Legisladora que a diferencia “de algunos que se oponen a la aprobación de estas Ley pretendiendo robar la paz y la tranquilidad del pueblo de Nicaragua, el Gobierno del Frente Sandinista, presidido por el comandante Daniel y la compañera Rosario, ha sacado de la pobreza y de la extrema pobreza a más de la mitad de las familias nicaragüenses y todos los días le restituye sus derechos”.

Por su parte, el diputado Carlos Emilio López aclaró las falsedades que la oposición ha emitido alrededor del contenido de esta Ley, señalando que la misma es coherente y armónica con la Constitución Política porque defiende el principio de Independencia, Soberanía y Autodeterminación como derechos irrenunciables del pueblo nicaragüense.

También, dijo, es coherente con el derecho internacional y no infringe ningún pacto o tratado internacional, porque reconoce los derechos colectivos y que ningún Estado debe intervenir en los asuntos internos de otro Estado. Además que esta Ley no afecta, no limita, ni restringe la actuación de las asociaciones sin fines de lucro que en el país promuevan el desarrollo en los social, lo económico, en los comunitario.

Recalcó que los fondos no pueden ser utilizados para promover el odio, la destrucción, el caos, ni como mecanismo para alterar la paz la armonía y la tranquilidad de las familias nicaragüenses.

El diputado Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, afirmó que con la aprobación de esta Ley por primera vez se materializa, en el ordenamiento jurídico interno, los principios de seguridad soberana, de autodeterminación y de no intervención.

Reconoció que esta Iniciativa era una asignatura pendiente con el pueblo de Nicaragua como  derecho, al igual que ya lo tienen la mayoría de los Estados de este planeta, entre ellos Estados Unidos que tiene su ley reguladora de agentes extranjeros de más de 80 años para preservar sus intereses soberanos.

Aprueban Digesto en materia de Justicia Penal

La Asamblea Nacional también aprobó hoy la Iniciativa de Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense en materia de Justicia Penal que ordena con claridad y certeza el marco jurídico vigente del derecho penal.

El Digesto Jurídico en materia Justicia Penal está compuesto por un total de 235 normas, de las cuales 17 normas están vigentes, 6 fueron consolidadas, 177 normas no vigentes, además contiene 35 instrumentos internacionales.

La diputada María Auxiliadora Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, dio lectura al Dictamen de la Iniciativa que considera que con el ordenamiento de el marco jurídico vigente del derecho penal, permitirá a los operadores de justicia, legisladores y demás responsables de instituciones públicas tomar las medidas correspondientes para actualizar, modernizar y fortalecer la seguridad jurídica, pilar fundamental del país.