APRUEBAN REFORMA Y ADICIONES A LEY CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

De forma unánime la Asamblea Nacional aprobó este 11 de abril la iniciativa de Ley de Reforma y Adiciones a la Ley No.896, Ley Contra la Trata de Personas, que tiene por objeto establecer al Ministerio del Interior como la autoridad administrativa de aplicación en la protección de las víctimas de este delito.

El diputado Filiberto Rodríguez, presidente de la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, indicó que después de 9 años de aprobada esta ley, la reforma permitirá mejorar la eficacia y efectividad en la lucha contra los tratantes de personas.

“Actualizar la ley debe ser una prioridad permanente para poder garantizar la protección de las personas, la familia y la comunidad, lo que implica el fortalecimiento del trabajo institucional articulado y de cero tolerancia a la trata de personas”, precisó.

Por su parte la presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, diputada María Auxiliadora Martínez, indicó que esta reforma es necesaria y adecuada a los nuevos tiempos en que se lucha contra este delito.

Agregó que la modificación propone implementar un Registro Único de información sobre la Trata de Personas, como sistema de información oficial, administrado por el Ministerio de Interior con el fin de disponer de una base de datos estadísticos y de información, para la protección y asistencia de las víctimas de este delito.

 La diputada Patricia Sánchez subrayó que esta reforma ratifica la política del Gobierno Sandinista de cero tolerancia a los delitos que ponen en riesgo la vida de nuestros niños, jóvenes, mujeres y adultos y fortalece el modelo de presencia directa permitiendo abordar esta ley en zonas fronterizas y comunidades estratégicas.

“Fortalece también la Campaña de Prevención, y el Cuido y Atención a las Victimas de Trata de Personas, ya que se requiere de mayor atención y compromiso de las instituciones tal y a como se viene trabajando”, precisó.

Según la reforma a esta ley, el Ministerio del Interior, tiene la responsabilidad de formular, implementar, evaluar y dar seguimiento a las políticas públicas de prevención, investigación, atención y protección a las víctimas, apoyándose en las instituciones involucradas.