Asamblea Nacional aprueba Reforma y Adición al Código Procesal Penal

La Asamblea Nacional aprobó hoy la Reforma y Adición al Código Procesal Penal de la República de Nicaragua, que garantiza los derechos constitucionales de las personas sometidas a procesos penales, brinda mayor seguridad jurídica a las familias nicaragüenses y fortalece el sistema de justicia penal de la nación.

“Esta reforma al Código Procesal Penal está en concordancia con los preceptos constitucional que establecen los derechos y garantías de las personas sometidas a procesos penales”, expresó la diputada María Auxiliadora Martínez, al tiempo que enfatizó que se mantiene las 48 horas, según el artículo 256 del Código Procesal Penal para poner al detenido ante la autoridad competente.

La Presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos explicó que con esta reforma se está adicionando el artículo 253 que establece que el Juez podrá celebrar la audiencia especial de tutela de garantías constitucionales una vez que el reo está a su disposición y que el Ministerio Público de manera fundamentada podrá solicitar al Juez de garantías constitucionales un plazo que no será menor de 15 días ni mayor de 90 días para ampliar el proceso de investigación cuando el caso así lo amerite.

Una vez que el juez determine el período para el proceso investigativo, la Fiscalía procederá a la investigación. Si las pruebas que se van juntando durante ese proceso investigativo no indican que la persona es la autora de ese delito o los indicios son de que la persona es inocente, entonces el Ministerio Público podrá solicitar al juez de la causa el cierre del proceso y la libertad del procesado, explicó la diputada Martínez.

“Con esta reforma el imputado va a tener el derecho a que se le investigue y que realmente se le juzgue de conformidad a una investigación justa, a una investigación transparente, con todas las pruebas necesarias para poder juzgar y brindar una sentencia ajustada a derecho”, resaltó.

La diputada Irma Dávila, integrante de la Comisión de Justicia, aseguró que esta reforma al Código Procesal Penal reviste de gran importancia para el sistema de Justicia Penal ya que vendrá a fortalecer las garantías constitucionales de las personas relacionadas en la investigación penal “porque estamos hablando de investigaciones complejas que requieren tiempo donde hay varios acusados, varias víctimas, donde pueden estar involucrados en crímenes organizados”.

Sostuvo que Nicaragua es el único país que tiene que presentar una acusación en el corto plazo de 48 horas, lo cual limita realizar una investigación exhaustiva que permita recopilar información y elementos de prueba que sustenten objetivamente el ejercicio penal.

“Ese corto plazo choca con la realidad porque la Constitución dice que hay que presentarlo a la orden de la autoridad competente, pero la realidad demuestra que no es posible llevar a cabo una investigación técnica y científica cuyo resultado no están en 48 horas, ejemplo de ellos tenemos peritaje en laboratorio químico, balística, falsificación de documento, perfiles genéticos, peritaje informático, banda criminal de narcotraficante, peritaje catastrales, investigaciones complejas de empresas que a veces necesitas ayuda, entre otros”, dijo.

En ese sentido la legisladora enfatizó que la acción penal requiere de plazos que permitan agotar todos los pasos de una investigación que cumpla con las formalidades, las garantías y los soportes probatorio para la presentación de una acusación sustentada y la obtención de una sentencia debidamente motivada.

Por su parte, el diputado Carlos Emilio López, indicó que la Constitución establece la garantía a la presunción de inocencia y esta reforma viene a fortalecer este principio del derecho. Igualmente recalcó que esta reforma fortalece el acceso a la justicia a las víctimas en general y a las víctimas que están en condiciones de vulnerabilidad, en particular las mujeres, los niños, las niñas, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores entre otros grupos humanos que están en condiciones de vulnerabilidad.

Además con esta reforma se garantiza la protección de los derechos de la persona acusada guardando el equilibrio de la justicia por un lado proteger los derechos de las víctimas y por otro lado proteger los derechos y garantías de la persona acusada, recalcó.

Asimismo, opinó que la reforma viene a fortalecer el rol de los actores del sistema de justicia, de la autoridad judicial porque va a emitir una sentencia judicial sustentada en el derecho, fortalece el rol del juez, el rol del Ministerio Público, el papel de la entidad investigadora o acusadora y se fortalece el rol de la defensa sea ésta pública o sea privada.