COMISIÓN ECONÓMICA ANALIZARÁ CASO DE EXCAÑEROS

La Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, será el órgano parlamentario encargado del análisis y dictamen del “Acuerdo Marco de Entendimiento entre el Estado de Nicaragua y dos mil trecientos treinta y cinco (2,335) Extrabajadores Cañeros Excluidos y Complementarios en el Proceso de Privatización de los Ingenios, suscrito el 25 de junio de 2014 y autorización de deuda pública interna y emisión de bonos de cumplimiento”, según mandato del Plenario de este once de agosto.

De acuerdo a la exposición de motivos del decreto legislativo, en el año 2012, el Gobierno de Nicaragua dio respuesta a las demandas de cuatro mil noventa y cuatro (4,094) extrabajadores cañeros aglutinados en la Sociedad Civil de Cañeros Unidos (SOCCU), quienes no recibieron sus compensaciones laborales durante el proceso de privatización de los ingenios azucareros en la década de los noventas.

En el 2014, dos mil trecientos treinta y cinco (2,335) personas agrupadas en la Asociación de Extrabajadores Cañeros de Nicaragua (ASOCAN), presentaron una demanda ante las autoridades del Poder Ejecutivo, para que les sean restituidos sus derechos laborales en igual condiciones que las de sus compañeros.

Ante tal reclamo, el Estado de Nicaragua acordó con integrantes de ASOCAN en junio del año pasado, brindarles los mismos derechos otorgados a los integrantes de SOCCU, quienes recibieron un monto de tres mil dólares a favor de cada uno de los beneficiados.

Según los antecedentes del decreto, a través del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, se realizó la verificación de cada extrabajador cañero perteneciente a ASOCAN, resultando inicialmente aprobada la cantidad de 2,282 excañeros, sin embargo quedaron fuera la cantidad de 53 por no laborar en la planilla de los ingenios afectados, al día 26 de marzo de 1992, fecha establecida para obtener el beneficio.

Desde 1992 inició el proceso de privatización de los ingenios azucareros donde laboraban estos cañeros que reclamaban su pasivo laboral.

Según el acuerdo presidencial, estos extrabajadores del azúcar fueron afectados por las privatizaciones de los ingenios Monte Rosa, Benjamín Zeledón, Javier Guerra, San Antonio Faisa, San Antonio Animosa y San Antonio Sotranicsa.