ARANCELES SOBRE CAPITAL SOCIAL SERÁN REVISADOS EN INICIATIVA DE LEY

La Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos considerará la propuesta de los dirigentes de las pequeñas compañías de seguridad privada de modificar el artículo 26 de la iniciativa de Ley de Seguridad Privada para  que se les reduzcan  los costos de aranceles en cuanto al capital social,  que varía según la especialidad del servicio prestado.

Los más de 25 dirigentes de las pequeñas compañías de seguridad privada fueron consultados este dos de marzo sobre la iniciativa de Ley de Seguridad Privada enviada por el ejecutivo, para lo cual están siendo consultadas todas las empresas que prestan este tipo de servicio.

La propuesta de este sector es para que el capital social para los prestadores de  vigilancia física, protección de valores y seguridad electrónica sea menor a los  500 mil córdobas, en tanto en la   formación y capacitación en seguridad  sea menor a los 100 mil  córdobas. Igualmente  el monto para las empresas cuyo número de guardas sea hasta 30 hombres, también sea mínimo a los 100 mil córdobas.

Los representantes de las empresas que ofrecen servicios de servicios de seguridad privada, valoraron de positivo el modelo de diálogo y consenso en el seno de la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, destacando que Nicaragua contará con una legislación  de conceso, moderna y ágil  para regular a las aproximadamente 160 empresas que ofrecen este servicio a nivel nacional.

Por su parte el vicepresidente de la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y  Derechos Humanos diputado Filiberto Rodríguez, externó la disposición de este órgano parlamentario de  cambiar y adaptar  todo lo que tiene que ver con aranceles o pagos para la certificación  de operaciones  a nivel de la grande, mediana y pequeña empresas.

El diputado Rodriguez informó que en la iniciativa de Ley de Seguridad Privada se planteará un periodo transitorio, a fin de que las empresas que operan de manera irregular y que no cumplen con la seguridad social y laboral, se legalicen, pues se sospecha que hay un sub registro y lo que se busca es establecer un tiempo de seis meses para que se actualicen, de lo contrario, dejarán de operar.

Para los próximos días este órgano legislativo consultará al COSEP, INNS, INATEC y aseguradoras.